Yaguarzhungo Chanaluisa J. N., Toro Pantoja D. R., Ruiz Hernández A. S. & Velastegui Romero M. T. (2026).
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1
Artículo de investigación
VIOLENCIA DE GÉNERO EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DEL ECUADOR
GENDER VIOLENCE IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF ECUADOR
*Autor(a) para la correspondencia: juancho97.bd@gmail.com
RESUMEN ABSTRACT
El presente estudio tuvo como objetivo analizar la
eficacia de los instrumentos regulatorios vigentes y su
aplicación en el ámbito universitario. Se desarrolló
una investigación con enfoque cuantitativo, diseño no
experimental, de corte transversal y alcance
descriptivo–correlacional. La muestra estuvo
conformada por 384 miembros de la comunidad
universitaria, seleccionados mediante muestreo no
probabilístico por conveniencia. Se utilizó un
cuestionario estructurado con escala tipo Likert,
validado por juicio de expertos y sometido a prueba
piloto, alcanzando una confiabilidad alta (α = 0,89).
Los datos fueron procesados mediante estadística
descriptiva e inferencial. Los resultados mostraron que
el 32% de los participantes reportó haber
experimentado violencia de género, predominando la
violencia psicológica, además de evidenciarse una
percepción mayoritaria de inseguridad y limitada
confianza en los mecanismos institucionales. Se
concluyó que, aunque existen marcos normativos y
políticas públicas formalmente establecidos, su
efectividad práctica fue parcial, requiriéndose
fortalecer su implementación, difusión y evaluación
para garantizar entornos universitarios más seguros e
inclusivos.
PALABRAS CLAVE: Violencia de género,
Educación superior, acoso sexual, universidades,
discriminación de género.
The present study aimed to analyze the effectiveness
of current regulatory instruments and their application
in the university context. A quantitative research
approach was employed, with a non-experimental,
cross-sectional design and a descriptive–correlational
scope. The sample consisted of 384 members of the
university community, selected through non-
probabilistic convenience sampling. A structured
questionnaire with a Likert-type scale was used,
validated through expert judgment and subjected to a
pilot test, achieving high reliability (α = 0.89). The
data were processed using descriptive and inferential
statistics. The results showed that 32% of participants
reported having experienced gender-based violence,
with psychological violence being the most prevalent.
Additionally, a majority perception of insecurity and
limited trust in institutional mechanisms was
observed. It was concluded that although normative
frameworks and public policies are formally
established, their practical effectiveness is partial,
highlighting the need to strengthen their
implementation, dissemination, and evaluation in
order to ensure safer and more inclusive university
environments.
KEY WORDS: Gender violence, higher education,
sexual harassment, universities, gender
discrimination.
Juan Norberto Yaguarzhungo Chanaluisa1*, https://orcid.org/0009-0006-2597-8592
Doris Rocio Toro Pantoja2, https://orcid.org/0009-0004-4444-8373
Anayeli Scarleth Ruiz Hernández3, https://orcid.org/0009-0003-1438-0868
María Targelia Velastegui Romero4, https://orcid.org/0009-0000-4929-0828
1,2,3 Unidad Educativa “Agoyán”, La Joya de los Sachas, Orellana, Ecuador.
4 Unidad Educativa “Pedro Vicente Maldonado”, Riobamba, Chimborazo, Ecuador.
Recibido: 19/12/2025
Aceptado: 26/02/2026
Yaguarzhungo Chanaluisa J. N., Toro Pantoja D. R., Ruiz Hernández A. S. & Velastegui Romero M. T. (2026).
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INTRODUCCIÓN
La violencia de género en las instituciones de
educación superior (IES) del Ecuador es un problema
global generalizado que persiste como un problema
estructural, afectando particularmente a las mujeres y
a grupos de género diferente a los tradicionales
(Barreto, 2017; Lorente-Acosta, 2020). En America
Latina, En América Latina, este problema se ve
agravado por contextos socioculturales machistas y la
falta de políticas institucionales efectivas.
A nivel de Ecuador existen prevalencia de violencia
psicológica (56,9%), física (35,4%), patrimonial
(16,4%) y sexual (Buendía et al., 2022). En Ecuador,
la gravedad y el carácter estructural de esta
problemática exigen un estudio detallado y específico.
De acuerdo con el Benítez et al. (2024)., seis de cada
diez mujeres han experimentado algún tipo de
violencia de género, siendo la violencia psicológica la
más frecuente. En el país, se reporta un feminicidio
cada tres días, y el 34% de las víctimas tenía una
relación con su agresor. Asimismo, el 43% de las
mujeres ha sufrido violencia por parte de su pareja en
algún momento de su vida; de estos casos, el 40,8%
corresponde a violencia psicológica y el 25% a
violencia física. En términos generales, el 42,8% de
los hechos de violencia de género son cometidos por
la pareja o expareja de la víctima (Rodríguez &
Rodríguez Barraza, 2021).
Frente a esta situación, el Estado ecuatoriano ha
impulsado marcos normativos y políticas públicas
orientadas a enfrentar esta problemática dentro del
sistema educativo. En 2018 se aprobó el Protocolo
para la Prevención y Actuación en Casos de Acoso,
Discriminación y Violencia por Razón de Género y
Orientación Sexual en Instituciones de Educación
Superior, cuya finalidad es definir mecanismos de
prevención, denuncia, sanción y seguimiento en todas
las instituciones de educación superior (Gómez et al.,
2025).
Más recientemente, se dio a conocer el Plan Nacional
para la Erradicación de la Violencia en el Contexto
Educativo (PNEVCE), con vigencia de enero de 2025
a 2030, el cual establece metas claras de prevención,
protección y restitución de derechos frente a
situaciones de violencia y discriminación en el entorno
educativo (Medina, 2020). De igual manera, las
directrices emitidas por el Consejo Nacional para la
Igualdad de Género (CNIG), junto con los aportes de
la Universidad Central del Ecuador, constituyen un
marco normativo nacional que orienta a las
instituciones de educación superior en la elaboración
de protocolos institucionales contra el acoso sexual y
la violencia de género (Carvajal, 2021).
A pesar de la existencia de estas normativas, la
evidencia empírica demuestra que la problemática
continúa siendo grave y persistente. Una evaluación
conjunta realizada en seis universidades y presentada
en 2025 revela que el 32% de las estudiantes ha
experimentado violencia de género, y seis de cada diez
consideran que sus instituciones no constituyen
espacios seguros (Ibáñez, 2017) Además, una parte
importante del estudiantado percibe que muchos casos
quedan en la impunidad o que las universidades
priorizan su reputación institucional por encima del
acompañamiento a las víctimas.
De manera similar, la investigación desarrollada por
(Ponce et al., 2022), señala que una de cada tres
estudiantes fue agredida por integrantes de la
comunidad universitaria, en promedio diez veces
durante el último año. Asimismo, el 19,3% del
profesorado y del personal administrativo manifestó
haber sido víctima de agresiones por parte de sus
parejas u otros miembros del entorno universitario.
Estos hallazgos evidencian que la violencia de género
se ha naturalizado en el ámbito universitario, pese a
que estas instituciones, por su misión formativa y
social, poseen una alta responsabilidad y un
importante potencial para impulsar transformaciones
en la sociedad.
Estos datos evidencian que en Ecuador no solo existe
un problema de carácter estructural, sino también un
marco normativo y de políticas públicas relevante,
aunque con limitaciones en su aplicación práctica y en
la percepción que tiene la comunidad universitaria
sobre su eficacia. Por ello, seleccionar a Ecuador como
contexto de estudio permite analizar el fenómeno
desde una perspectiva sociopolítica específica, valorar
el impacto de los instrumentos vigentes y aportar
evidencia útil para el diseño y fortalecimiento de
políticas institucionales. Esta investigación se
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fundamenta en su aporte social, ya que contribuye a
visibilizar una problemática que vulnera los derechos
humanos y la seguridad dentro de las instituciones
educativas. En el ámbito académico, sistematiza y
articula información que anteriormente se encontraba
dispersa, lo que facilita identificar vacíos de
investigación en el contexto local.
En este contexto, el artículo plantea como pregunta de
investigación: ¿En qué medida los marcos normativos
y las políticas públicas implementadas en Ecuador han
sido efectivos para prevenir y atender la violencia de
género en las instituciones de educación superior? A
partir de esta interrogante, el objetivo del estudio es
analizar la eficacia de los instrumentos regulatorios
vigentes y su aplicación en el ámbito universitario,
identificando avances, limitaciones y oportunidades
de mejora, con el fin de generar recomendaciones que
contribuyan al fortalecimiento de las políticas
institucionales y a la construcción de espacios
educativos más seguros e inclusivos.
METODOLOGÍA
La presente investigación se enmarca en un enfoque
estrictamente cuantitativo, orientado al análisis
estadístico de datos empíricos relacionados con la
violencia de género en las instituciones de educación
superior. El estudio se basa en la recopilación y
procesamiento de información numérica proveniente
de encuestas y registros institucionales, lo que permite
medir la magnitud del fenómeno, identificar patrones
y establecer relaciones entre variables relevantes. A
través de técnicas de análisis estadístico descriptivo e
inferencial, se busca obtener resultados objetivos y
generalizables que contribuyan a evaluar la
efectividad de las políticas y protocolos vigentes en el
contexto universitario ecuatoriano.
El diseño de la investigación es no experimental, de
corte transversal y alcance descriptivo–correlacional.
Es no experimental porque las variables no son
manipuladas, sino observadas en su contexto natural;
transversal debido a que la recolección de datos se
realiza en un único momento temporal; y descriptivo–
correlacional porque, además de caracterizar la
magnitud y frecuencia de la violencia de género en el
ámbito universitario, busca identificar posibles
asociaciones entre variables como sexo, rol dentro de
la institución (estudiante, docente o personal
administrativo), percepción de seguridad y
conocimiento de los protocolos institucionales. Este
diseño permite obtener una visión cuantificable del
fenómeno y analizar patrones estadísticamente
significativos dentro del contexto estudiado.
La muestra estuvo conformada por 384 miembros de
la comunidad universitaria, entre estudiantes, docentes
y personal administrativo, seleccionados mediante un
muestreo no probabilístico de tipo intencional o por
conveniencia. Este método permitió incluir a
participantes que cumplían con los criterios
establecidos y que aceptaron participar de manera
voluntaria en el estudio. El instrumento de recolección
de datos fue un cuestionario estructurado de
elaboración propia, compuesto por preguntas cerradas
y escalas tipo Likert, diseñado para medir la
prevalencia de violencia de género, la percepción de
seguridad dentro de la institución y el nivel de
conocimiento sobre los protocolos universitarios
vigentes.
El cuestionario estuvo organizado en secciones que
incluyeron variables sociodemográficas, experiencias
de violencia, percepción institucional y confianza en
los mecanismos de denuncia. Antes de su aplicación,
el instrumento fue validado por expertos en género, y
se aplicó una prueba piloto a 30 participantes. El
análisis de confiabilidad arrojó un Alfa de Cronbach
de 0,89, evidenciando alta consistencia interna. El
procesamiento y análisis de los datos se realizó
mediante el uso de un programa estadístico SPSS
versión 25.
En una primera fase, se efectuó la depuración,
codificación y tabulación de la información
recolectada. Posteriormente, se aplicó estadística
descriptiva (frecuencias, porcentajes, medias y
desviación estándar) para caracterizar la muestra y
determinar la prevalencia del fenómeno estudiado. En
una segunda fase, se empleó estadística inferencial,
incluyendo pruebas de correlación y comparación de
medias, con un nivel de significancia de 0,05, con el
fin de identificar asociaciones estadísticamente
significativas entre las variables analizadas y dar
respuesta a la pregunta de investigación.
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RESULTADOS
Tabla 1
Características sociodemográficas de la muestra
Variable
Categoría
Frecuencia
(n)
Porcentaje
(%)
Sexo
Femenino
230
59,9
Masculino
150
39,1
Otro
4
1
Rol
Estudiante
290
75,5
Docente
60
15,6
Administrativo
34
8,9
Edad
18–25 años
248
64,6
26–35 años
86
22,4
36 años o más
50
13
Violencia
de
género
Sí ha sufrido
violencia
123
32,0
No ha sufrido
violencia
261
68,0
La muestra estuvo conformada mayoritariamente por
mujeres (59,9%), seguidas de hombres (39,1%) y un
pequeño porcentaje que se identificó con otro género
(1,0%). En cuanto al rol dentro de la institución,
predominan los estudiantes (75,5%), mientras que los
docentes representan el 15,6% y el personal
administrativo el 8,9%. Respecto a la edad, la mayoría
de los participantes se concentra en el rango de 18 a 25
años (64,6%), lo que evidencia una población
principalmente joven, acorde con el contexto
universitario. El 32,0% de los encuestados reportó
haber sufrido algún tipo de violencia de género dentro
del entorno universitario, mientras que el 68,0%
indicó no haber experimentado este tipo de
situaciones. Este dato confirma que casi uno de cada
tres miembros de la comunidad universitaria ha sido
víctima, lo que evidencia una problemática relevante
en el contexto institucional.
Tabla 2
Tipo de violencia reportada (n = 123)
Tipo de violencia
Porcentaje
(%)
Psicológica
58,5
Física
22,8
Sexual
15,4
Digital
3,3
Entre quienes manifestaron haber sufrido violencia (n
= 123), la forma más frecuente fue la violencia
psicológica (58,5%), seguida de la violencia física
(22,8%) y la violencia sexual (15,4%). La violencia
digital presentó el menor porcentaje (3,3%). Estos
resultados indican que las manifestaciones más
recurrentes son aquellas que afectan la integridad
emocional y psicológica de las víctimas.
Tabla 3
Percepción de seguridad institucional
Percepción
Frecuencia
(n)
Porcentaje
(%)
Considera que la
universidad es un
espacio seguro
154
40,1
No la considera un
espacio seguro
230
59,9
En relación con la percepción de seguridad, el 59,9%
de los participantes considera que la universidad no es
un espacio seguro, mientras que solo el 40,1% la
percibe como segura. Esta percepción mayoritaria de
inseguridad refleja una brecha entre las políticas
institucionales existentes y la experiencia o confianza
de la comunidad universitaria.
Tabla 4
Conocimiento y confianza en protocolos institucionales
Variable
Conoce el protocolo
institucional
Confía en que los casos
son sancionados
Cree que la universidad
prioriza su imagen
institucional
Los resultados muestran que más de la mitad de los
encuestados (54,4%) no conoce el protocolo
institucional contra la violencia de género. Asimismo,
el 61,8% no confía en que los casos sean
efectivamente sancionados, y el 63,5% considera que
la universidad prioriza su imagen institucional sobre la
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atención a las víctimas. Estos hallazgos evidencian
una limitada confianza en los mecanismos
institucionales y sugieren debilidades en la difusión,
aplicación y credibilidad de los protocolos vigentes.
Tabla 5
Correlación entre variables institucionales y percepción de
efectividad normativa
Variables
Percepción de
efectividad de
los marcos
normativos
(IES)
Percepción de
efectividad de
políticas
públicas de
prevención
Experiencia de
violencia
-0,39**
-0,35**
Percepción de
seguridad
institucional
0,51**
0,47**
Confianza en la
sanción
institucional
0,58**
0,54**
Conocimiento
del protocolo
institucional
0,49**
0,44**
En primer lugar, se observa una correlación negativa
moderada entre la experiencia de violencia y la
percepción de efectividad tanto de los marcos
normativos (r = -0,39; p < 0,01) como de las políticas
públicas de prevención (r = -0,35; p < 0,01). Esto
indica que las personas que han sido víctimas tienden
a evaluar de manera menos favorable la eficacia de
estos instrumentos, lo que sugiere una brecha entre la
normativa existente y su impacto percibido en la
práctica. Por otro lado, la percepción de seguridad
institucional presenta una correlación positiva
moderada con ambas variables (r = 0,51 y r = 0,47; p
< 0,01), lo que implica que a mayor valoración de la
efectividad normativa, mayor es la sensación de
seguridad dentro del entorno universitario.
Asimismo, la confianza en la sanción institucional
muestra una correlación positiva relativamente fuerte
con la percepción de efectividad de los marcos
normativos (r = 0,58; p < 0,01) y de las políticas
públicas (r = 0,54; p < 0,01). Este resultado sugiere
que la credibilidad en la aplicación de sanciones es un
factor determinante en la evaluación de la eficacia de
las normas y políticas. Finalmente, el conocimiento
del protocolo institucional también se correlaciona
positivamente con ambas variables (r = 0,49 y r = 0,44;
p < 0,01), lo que evidencia que una mayor difusión y
comprensión de los instrumentos formales se asocia
con una percepción más favorable de su efectividad.
DISCUSIÓN
El 32% de prevalencia encontrado en nuestra
investigación es consistente con el diagnóstico de seis
universidades ecuatorianas, que reporta que
aproximadamente tres de cada diez estudiantes han
experimentado violencia de género en el entorno
universitario. Este hallazgo demuestra que el
fenómeno es persistente y generalizado dentro de las
IES, lo que apunta a la necesidad de fortalecer e
implementar de manera efectiva las políticas y
protocolos existentes (Universidad Andina Simón
Bolivar, 2025).
Estudios previos también han señalado que, pese a la
existencia de normas y estrategias para prevenir la
violencia de género, su impacto real dentro de las
universidades todavía parece limitado. Por ejemplo,
(Verdugo, 2023) evidenció que la invisibilidad del
problema en las IES y la resistencia a denunciar, lo
cual puede contribuir a que la problemática
permanezca sin transformaciones significativas,
incluso cuando los instrumentos normativos están
formalmente presentes.
El predominio de la violencia psicológica se alinea con
estudios que identifican múltiples manifestaciones de
violencia de género dentro del sistema de educación
superior, incluyendo formas menos visibles como el
acoso verbal y conductas de control. Investigaciones
recientes han señalado que el acoso y otras formas de
violencia no física continúan siendo comunes y
muchas veces son su reportados o normalizados dentro
de la vida universitaria, lo que refuerza la necesidad de
atención integral (Vélez, 2023).
Además, la presencia de otros tipos de violencia, como
física, sexual o digital, está en sintonía con
diagnósticos e investigaciones locales que destacan la
diversidad de manifestaciones de violencia de género
en el ámbito académico. La literatura también advierte
sobre fenómenos emergentes como el ciberacoso
sexual, cuya regulación y prevención aún presentan
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vacíos importantes tanto en políticas institucionales
como en normativas nacionales (Vélez, 2023).
La percepción mayoritaria de inseguridad en el
campus universitario coincide con el diagnóstico
presentado por Laz-Figueroa et al. (2026), en el cual
una parte importante de estudiantes consideró que las
instituciones no son espacios seguros frente a la
violencia de género. Esto sugiere que, más allá de la
existencia de normas y protocolos, la comunidad
universitaria no percibe cambios sustanciales en su
ámbito cotidiano, lo que pone en evidencia la brecha
entre la formulación de políticas y su implementación
práctica.
Investigaciones académicas que estudian la violencia
de género en el contexto universitario resaltan que el
problema no solo implica actos violentos, sino
también percepciones de inseguridad y falta de
confianza en las instituciones para garantizar espacios
libres de violencia. Esta percepción puede impactar
negativamente no solo en la calidad de vida de las
víctimas, sino también en el bienestar general y la
convivencia dentro de las IES (Carvajal, 2021; Ibáñez,
2017; Ponce et al., 2022).
El hallazgo de bajo conocimiento de los protocolos
institucionales refleja un desafío común identificado
en diagnósticos universitarios: aunque muchas
universidades cuentan con normas y mecanismos para
enfrentar la violencia de género, su socialización y
difusión efectiva aún es insuficiente. Esto limita la
capacidad de las y los estudiantes para acceder y
utilizar estos recursos de manera efectiva cuando
enfrentan situaciones de violencia.
Además, la falta de confianza en que los casos sean
debidamente sancionados está en línea con
percepciones recogidas en estudios sobre la respuesta
institucional. Esto sugiere que las políticas y
protocolos, aun cuando existen, no siempre generan
credibilidad entre la comunidad universitaria. Esto
puede deberse a experiencias previas de impunidad o
a la percepción de que las IES priorizan su imagen
institucional sobre la atención a las víctimas
(Universidad Andina Simón Bolivar, 2025).
Los resultados de correlación muestran que una
percepción positiva de la efectividad de los marcos
normativos y de las políticas públicas está asociada
con mayor percepción de seguridad y mayor confianza
en la respuesta institucional, lo cual concuerda con la
idea de que el fortalecimiento y la legitimación de las
políticas puede generar efectos positivos en la
comunidad universitaria. La literatura sobre políticas
de prevención de violencia de género en educación
superior pone énfasis en la importancia de
comunicación, formación y seguimiento para que
estas políticas se traduzcan en transformaciones
concretas dentro de los espacios académicos (Peña-
Briceño, 2021).
Por otro lado, la correlación negativa entre la
experiencia de violencia y la percepción de efectividad
normativa refleja que quienes han vivido episodios
violentos tienden a evaluar con mayor crítica la
eficacia de las políticas públicas. Esto coincide con el
enfoque de investigación que advierte sobre la
naturalización y resistencia a denunciar dentro del
entorno universitario, evidenciando desafíos
estructurales para que las políticas no solo existan
formalmente, sino generen cambios reales en la
prevención y atención de la violencia de género (Laz-
Figueroa et al., 2026).
CONCLUSIONES
Los resultados del estudio permiten concluir que los
marcos normativos y las políticas públicas
implementadas en Ecuador para prevenir y atender la
violencia de género en las instituciones de educación
superior han representado un avance significativo en
términos formales y regulatorios; sin embargo, su
efectividad práctica es limitada. Si bien existe un
andamiaje normativo que establece protocolos,
procedimientos y lineamientos claros, la persistencia
de una prevalencia considerable de violencia dentro
del entorno universitario evidencia que estos
instrumentos no han logrado impactar de manera
suficiente en la reducción del problema.
En términos de prevención, los hallazgos muestran
que una proporción importante de la comunidad
universitaria continúa experimentando situaciones de
violencia, especialmente de tipo psicológico, lo que
indica que las estrategias preventivas no han sido
plenamente efectivas. Asimismo, la percepción
mayoritaria de inseguridad y la limitada confianza en
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la sanción institucional revelan una brecha entre la
existencia de la normativa y su implementación real.
La baja difusión y conocimiento de los protocolos
institucionales refuerza la idea de que los instrumentos
regulatorios no han sido internalizados
adecuadamente por la comunidad universitaria.
No obstante, el análisis correlacional demuestra que
una mayor percepción de efectividad de los marcos
normativos y de las políticas públicas se asocia con
mayor confianza institucional y mayor sensación de
seguridad. Esto sugiere que, cuando los instrumentos
son conocidos, aplicados y percibidos como legítimos,
pueden contribuir positivamente a la construcción de
entornos más seguros. Por tanto, el problema no radica
únicamente en la ausencia de normativa, sino en la
necesidad de fortalecer su implementación, monitoreo
y evaluación.
En consecuencia, se concluye que la efectividad de los
marcos normativos y políticas públicas en las IES
ecuatorianas es parcial: han establecido bases
institucionales importantes, pero enfrentan desafíos en
su aplicación práctica, difusión y credibilidad. Se
recomienda reforzar los mecanismos de seguimiento y
rendición de cuentas, fortalecer los procesos de
capacitación y sensibilización, garantizar la
transparencia en la gestión de denuncias y promover
una cultura institucional que priorice la protección de
derechos por encima de la imagen institucional. Solo
mediante una implementación integral y sostenida será
posible avanzar hacia espacios educativos
verdaderamente seguros, inclusivos y libres de
violencia de género.
DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE
INTERESES
Los autores no declaran conflicto de intereses.
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